El resultado fue más de 900 campesinos asesinados. siendo considerado uno de los hechos más brutales llevados a cabo contra la población civil por agentes gubernamentales durante la Guerra Civil de El Salvador.
El gobierno salvadoreño sigue sin reconocer su responsabilidad en la masacre. El caso está abierto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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