La operación fue ejecutada por miembros del Comando Específico José Antonio Páez, integrado por fuerzas militares y elementos civiles de los organismos de seguridad del Estado durante el gobierno de Jaime Lusinchi.
Los efectivos justificaron la acción alegando que los campesinos eran en realidad guerrilleros colombianos preparando acciones en territorio venezolano.
Sin embargo, los testimonios de dos sobrevivientes y las evidencias encontradas demostraron que se trataba de campesinos en sus labores.
El suceso produjo un escándalo de gran resonancia y finalmente llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la que sentenció a favor de los familiares de los fallecidos y obligó al gobierno nacional a pagar una indemnización monetaria destinada a resarcir los daños materiales sufridos.
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