Antes de partir José Mariano mandó preparar un sancocho para su regreso del caño. Los ahora 16 pescadores salieron en lancha en busca del pescado. Del viaje sólo dos sobrevivieron, el resto de los hombres nunca regresó.
El domingo 30 de octubre los periódicos destacaban en sus tapas la “versión oficial” de que 16 guerrilleros de la organización colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron abatidos en la frontera con Colombia, en la zona de El Amparo, específicamente en el caño Las Coloradas.
La noticia también fue reiteradamente difundida a la opinión pública mediante avances informativos radiofónicos y los “extras” de la televisión comercial. Las agencias de prensa internacionales transmitieron el informe preliminar que ofreció el general Humberto Camejo Arias, comandante de la segunda división de infantería, desde la zona del suceso.Detallaban las informaciones que la Operación Anguila III incautó a los presuntos irregulares material bélico, planos de una empresa petrolera en la zona y una lista con cinco nombres de personas que supuestamente iban a ser secuestradas por el grupo irregular.
Sin embargo, los testimonios de dos sobrevivientes y las evidencias encontradas demostraron que se trataba de campesinos en sus labores. El suceso produjo un escándalo de gran resonancia y finalmente llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la que sentenció a favor de los familiares de los fallecidos y obligó al gobierno nacional a pagar una indemnización monetaria destinada a resarcir los daños materiales sufridos.
En mayo de 2013 fueron juramentados en el Palacio Legislativo los integrantes de las ocho subcomisiones que conforman la Comisión por la Justicia y la Verdad, encargada de investigar sobre los crímenes, desapariciones, persecuciones y torturas que, por razones políticas, se cometieron en Venezuela entre los años 1958 y 1998.
Entre otras medidas dictadas por el MP, actualmente hay una orden de extradición de Henry López Sisco acusado de perpetrar las masacres de Cantaura (1982), Yumare (1986), El Amparo (1988) y el Caracazo (1989).
La masacre de El Amparo, crimen que buscaba demostrar una supuesta eficiencia por parte de las fuerzas del Estado puntofijista en la lucha contra la guerrilla, se suma a los hechos de Cantaura, Yumare y El Caracazo, muestras más notorias entre otros crímenes cometidos por la llamada democracia representativa que violó los derechos humanos en Venezuela.
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